Una persona recibe 40.000 euros después de ser despedida.
Primera pregunta:
“¿Tengo que pagar IRPF?”
La respuesta habitual suele ser:
“No. Las indemnizaciones por despido están exentas.”
Pero esa respuesta es demasiado sencilla.
Algunas indemnizaciones pueden quedar completamente exentas.
Otras solo parcialmente.
Y otras pueden tributar en su totalidad.
La Ley del IRPF establece una exención para las indemnizaciones por despido o cese en la cuantía obligatoria prevista por la normativa laboral, pero fija además un límite máximo general de 180.000 euros.
La clave está en separar:
indemnización legal de cantidad que empresa y trabajador deciden pactar libremente.
No siempre tienen el mismo tratamiento fiscal.
Que una cantidad se llame indemnización no la convierte en exenta
Imaginemos que empresa y trabajador acuerdan:
“Te pagamos 80.000 euros si aceptas marcharte.”
No existe un despido real con la indemnización legal correspondiente.
Simplemente existe una salida pactada.
No podemos asumir automáticamente que esos 80.000 euros están exentos porque en el documento aparezca la palabra “indemnización”.
La norma exige que la cantidad responda a la indemnización obligatoria establecida por la legislación laboral.
Despido improcedente
Cuando un despido se declara improcedente, la regla laboral general permite al empresario optar entre readmitir o indemnizar.
Para contratos posteriores a la reforma laboral de 2012, la indemnización ordinaria es:
33 días de salario por año de servicio
con un máximo de:
24 mensualidades.
Para contratos anteriores pueden existir reglas transitorias que combinan tramos calculados a 45 y 33 días.
¿Todo ese importe puede quedar exento?
Con carácter general, la cuantía que tenga carácter obligatorio conforme a la normativa laboral puede acogerse a la exención del IRPF, dentro del límite fiscal máximo.
La Agencia Tributaria recoge expresamente que las indemnizaciones por despido improcedente pueden quedar exentas cuando concurren los requisitos.
El límite de 180.000 euros
Aunque la indemnización legal obligatoria sea superior, la exención fiscal tiene un máximo general de:
180.000 euros.
Ejemplo
Indemnización legal:
220.000 euros.
Máximo exento:
180.000 euros.
Exceso potencialmente sujeto:
40.000 euros.
Ese exceso tendrá que analizarse como rendimiento del trabajo, sin perjuicio de posibles reducciones fiscales que pudieran resultar aplicables cuando se cumplan sus requisitos.
Despido objetivo
En determinados despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la indemnización laboral obligatoria es inferior a la del despido improcedente.
Sin embargo, la normativa del IRPF establece un tratamiento especial para determinadas extinciones por estas causas.
La parte exenta puede alcanzar los límites establecidos para el despido improcedente en los supuestos previstos legalmente.
Por eso no siempre debemos limitar el análisis fiscal a:
20 días por año.
Despidos colectivos
En los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o fuerza mayor existe igualmente una regla específica.
Aunque la indemnización laboral obligatoria pueda ser de 20 días por año con determinados límites, la exención fiscal puede llegar hasta los límites del despido improcedente cuando concurren las condiciones legales.
Baja voluntaria
Aquí cambia completamente la situación.
Si el trabajador decide marcharse voluntariamente, no existe una indemnización legal por despido.
Puede existir finiquito.
Pero finiquito e indemnización son cosas diferentes.
Por tanto, no debemos aplicar automáticamente la exención de despido.
Finiquito
El finiquito puede incluir:
- Salario pendiente.
- Vacaciones no disfrutadas.
- Pagas extraordinarias.
- Otros conceptos.
Esas cantidades no se transforman en indemnización exenta porque se paguen el último día de trabajo.
Siguen teniendo la naturaleza fiscal correspondiente.
Conciliación
Otro punto relevante es cómo se reconoce la improcedencia y se formaliza la indemnización.
La Ley del IRPF establece actualmente que las cantidades acordadas en el acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente no se consideran, a estos efectos, una simple indemnización fijada por pacto o contrato.
Esto permite dar tratamiento a la indemnización conforme a la regla fiscal cuando realmente se formaliza la extinción en los términos legalmente previstos.
Pacto privado
Distinta puede ser una situación en la que empresa y trabajador firman privadamente:
“Reconocemos una indemnización de 50.000 euros.”
Sin más.
La fiscalidad debe revisarse cuidadosamente.
El hecho de que ambas partes estén de acuerdo no significa que toda la cantidad adquiera el carácter obligatorio que exige la exención.
Qué ocurre cuando la empresa paga más de lo legal
Ejemplo
Indemnización obligatoria:
35.000 euros.
Empresa decide pagar:
50.000 euros.
Podemos encontrarnos con:
35.000 euros dentro de la exención, si concurren los requisitos.
15.000 euros adicionales sujetos a tributación.
No debemos aplicar una única etiqueta a toda la transferencia bancaria.
La desvinculación tiene que ser real
Este es uno de los requisitos menos conocidos.
La exención está condicionada a que exista una real y efectiva desvinculación entre trabajador y empresa.
El Reglamento presume, salvo prueba en contrario, que esa desvinculación no existe cuando el trabajador vuelve a prestar servicios para la misma empresa o una vinculada dentro de los tres años siguientes al despido o cese.
Ejemplo
Trabajador despedido.
Indemnización:
60.000 euros.
Aplica exención.
Un año más tarde vuelve a trabajar para la misma empresa.
Hacienda puede cuestionar la desvinculación efectiva.
No significa que en todos los casos se pierda necesariamente la exención sin posibilidad de prueba.
Pero existe una presunción que debemos analizar.
Volver como autónomo tampoco resuelve automáticamente el problema
La interpretación fiscal no se limita necesariamente a volver con un contrato laboral idéntico.
La Agencia Tributaria ha señalado que la nueva prestación de servicios puede ser relevante incluso si adopta otra naturaleza, como una relación profesional o mercantil, dependiendo de las circunstancias.
Por tanto:
“Me despiden como empleado y vuelvo facturando como autónomo”
no garantiza que la indemnización siga exenta.
Empresas vinculadas
La presunción también puede operar si volvemos a prestar servicios a otra entidad vinculada con la empresa anterior.
Por ejemplo, dependiendo de la estructura:
- Empresa del mismo grupo.
- Sociedad vinculada.
- Entidad con determinadas relaciones societarias.
Debemos analizar el caso concreto.
¿Qué ocurre si perdemos posteriormente la exención?
Puede ser necesario regularizar la declaración.
La Agencia Tributaria contempla expresamente la presentación de una autoliquidación rectificativa cuando, después de haber aplicado la exención, el trabajador vuelve a prestar servicios dentro del periodo que activa la presunción.
Y pueden aparecer intereses.
Despido nulo
El despido nulo funciona de otra manera.
Su consecuencia general es la readmisión inmediata con abono de salarios dejados de percibir.
Por tanto, no debemos analizarlo igual que una indemnización ordinaria por despido improcedente.
Indemnizaciones adicionales por daños
En determinados litigios laborales pueden reconocerse cantidades adicionales por:
- Vulneración de derechos fundamentales.
- Daño moral.
- Otros perjuicios.
Su tratamiento fiscal no debe mezclarse automáticamente con la exención específica de la indemnización por despido.
Cada concepto necesita su propio análisis.
Salarios de tramitación
Tampoco son indemnización exenta.
Tienen naturaleza salarial.
El hecho de que se paguen como consecuencia de un despido no cambia automáticamente su tributación.
¿La empresa practica retención?
Sobre la parte exenta no debería existir la misma retención que sobre un rendimiento sujeto.
Sobre las cantidades que sí tributan habrá que aplicar las reglas correspondientes.
Por eso la nómina o documento de liquidación debería separar correctamente los conceptos.
Ejemplo completo
Trabajador:
12 años de antigüedad.
Despido reconocido como improcedente.
Indemnización legal:
45.000 euros.
Empresa añade voluntariamente:
10.000 euros.
Total recibido:
55.000 euros.
Si concurren todos los requisitos:
Los 45.000 euros legales pueden quedar exentos.
Los 10.000 adicionales tendrán que analizarse como cantidad sujeta.
Ahora imaginemos que dos años después el trabajador vuelve a la misma empresa.
Tendremos que revisar también el requisito de desvinculación.
Error frecuente: “todo despido está exento”
No.
Error frecuente: “si me lo paga la empresa al marcharme, es indemnización”
Puede ser salario, finiquito, vacaciones o una cantidad pactada.
Error frecuente: olvidar el límite de 180.000 euros
La indemnización laboral puede ser superior a la exención fiscal.
Error frecuente: volver rápidamente a la misma empresa
Puede afectar a la exención aplicada.
Error frecuente: aceptar un acuerdo sin preguntar por su impacto fiscal
Dos acuerdos económicamente iguales pueden tener consecuencias tributarias diferentes según cómo y por qué se formalicen.
Lo que debemos revisar antes de firmar la salida
Cuando recibimos una propuesta de extinción laboral conviene calcular dos cifras:
importe bruto que nos pagarán y cantidad que realmente quedará exenta de IRPF.
No siempre coinciden.
Debemos identificar por separado:
- Indemnización legal.
- Mejora voluntaria.
- Salarios pendientes.
- Vacaciones.
- Bonus.
- Finiquito.
- Posibles daños adicionales.
Y también valorar si existe posibilidad de volver a prestar servicios para la misma empresa o una vinculada.
Porque una indemnización puede parecer atractiva sobre el papel y cambiar considerablemente cuando incorporamos su impacto fiscal.
