Este derecho permite abandonar la sociedad y recuperar el valor de sus participaciones cuando se adoptan decisiones contrarias a sus intereses. Uno de los supuestos más debatidos es el derecho de separación por falta de reparto de dividendos.
Aunque este derecho está reconocido en la legislación mercantil, su ejercicio no siempre es legítimo. En algunos casos, puede constituir un uso abusivo del derecho, especialmente cuando se pretende obtener un beneficio personal en perjuicio del interés social.
En este artículo analizamos qué condiciones deben cumplirse para que un socio pueda separarse por no recibir dividendos, cuándo puede considerarse un abuso de derecho, y qué criterios están siguiendo los tribunales.
Qué es el derecho de separación por falta de dividendos
El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital reconoce a los socios el derecho a separarse de la sociedad cuando esta no reparte al menos un tercio de los beneficios obtenidos, siempre que hayan transcurrido cinco años desde la constitución y se cumplan determinados requisitos formales.
Este derecho se introdujo para equilibrar la posición del socio minoritario frente a la mayoría, que podría decidir retener beneficios de manera sistemática, impidiendo que los socios recuperen rentabilidad de su inversión.
El objetivo del legislador fue evitar abusos de la mayoría, pero no dar carta blanca a los minoritarios para utilizar esta herramienta en cualquier circunstancia. No todo caso de no reparto justifica una separación.
En qué casos puede considerarse abusivo el ejercicio del derecho
Los tribunales han tenido que pronunciarse en diversas ocasiones sobre el uso de este derecho. En muchos casos, han determinado que su ejercicio puede considerarse abusivo cuando se usa con fines contrarios a la buena fe, a la equidad o al interés social.
Entre los criterios más comunes para detectar un abuso destacan:
- Existencia de razones justificadas para no repartir dividendos, como necesidad de reinversión, endeudamiento o crisis.
- Uso estratégico del derecho por parte del socio para obtener liquidez, aun sabiendo que el reparto pondría en riesgo la viabilidad de la empresa.
- Ausencia de una auténtica intención de separarse, utilizando el derecho como herramienta de presión para alcanzar acuerdos económicos.
En estos supuestos, el derecho de separación pierde su función protectora y se convierte en una forma de perjudicar a la sociedad.
Qué criterios están aplicando los tribunales
La jurisprudencia reciente ha establecido que el derecho de separación no es absoluto ni puede ejercerse de forma mecánica. Su validez está condicionada a que no se desvirtúe su finalidad, ni se actúe con mala fe.
Los jueces analizan caso por caso, valorando tanto la situación financiera de la sociedad como la conducta del socio que pretende separarse. En especial, se tienen en cuenta factores como:
- Grado de afectación económica del reparto en la actividad de la empresa.
- Tiempo transcurrido desde la adopción del acuerdo.
- Existencia de conversaciones previas o negociación entre socios.
Si se acredita que el ejercicio del derecho persigue un fin ajeno al espíritu de la norma, los tribunales pueden denegarlo o incluso declarar su nulidad. El derecho a separarse no puede utilizarse como arma de presión o desestabilización interna.
Cómo actuar frente a un ejercicio abusivo del derecho de separación
Tanto sociedades como socios deben actuar con prudencia cuando se presenta una solicitud de separación. Si se sospecha que se trata de un uso fraudulento o abusivo, se pueden adoptar medidas como:
- Impugnar judicialmente el ejercicio del derecho, acreditando el abuso.
- Demostrar con informes económicos la razonabilidad del no reparto de beneficios.
- Ofrecer mecanismos alternativos de compensación, si procede.
Además, es recomendable que las decisiones sobre el reparto de dividendos estén debidamente motivadas y documentadas, para evitar sospechas o litigios innecesarios. La transparencia en la gestión y la comunicación fluida entre socios son herramientas eficaces para prevenir conflictos.
Equilibrio entre protección y buen uso del derecho
El derecho de separación por falta de reparto de dividendos representa un mecanismo legítimo para proteger al socio minoritario, pero su ejercicio debe estar alineado con los principios de buena fe, equidad y respeto al interés social.
Cuando se utiliza para obtener ventajas indebidas o dañar a la sociedad, se convierte en un acto abusivo que debe ser neutralizado por los tribunales.
En definitiva, la clave está en actuar con responsabilidad. Ni los socios pueden utilizar este derecho como amenaza, ni las sociedades pueden ocultarse tras él para restringir beneficios sin justificación. Solo desde el respeto mutuo se puede garantizar la estabilidad y la confianza dentro del marco societario.
